Esta crisis está siendo y será muy dolorosa. No por lo que dejan de ganar algunos o por lo que ven desde su atalaya los dirigentes, sino por las miles de crisis personales de familias enteras. Pero cuando haya pasado, estaremos en condiciones de decir adiós al sistema de subvenciones que tantas organizaciones ha montado artificialmente a lo largo de estos años y que tanto han despilfarrado.

Muchas organizaciones están ya desapareciendo, vivían de las ayudas públicas. Otras se adaptarán a un modelo más cívico, donde los ciudadanos deciden donde poner sus impuestos o recursos.

Donde encontramos la ausencia del Estado se obliga a resolver sus problemas con sus propios medios. Lo estamos viendo en las organizaciones más cercanas a los más necesitados. En Zaragoza, por ejemplo, Cáritas Diocesana tiene un presupuesto superior a los cinco millones de euros para atender a los últimos de la sociedad. Más del 80% del presupuesto proviene de personas y entidades privadas. No depende del gobierno de turno ni de la miserable aportación de lo público. La propia administración, sus funcionarios, mandan al personal a Cáritas, especialmente a todos esos “que no existen” para el Estado por su condición de irregulares, sin papeles, pero personas. Les envían pues saben que frente a su poderosa administración, en Cáritas atienden a la persona como tal, no por su DNI, les ayudan casi al instante y le orientan. Da pena comprobar el fracaso de esta administración que funciona para investigar impagados de la seguridad social pero que tiene una justicia que no funciona y una lentitud y burocracia para ayudar al necesitado de espanto.

Así pues, la nueva Ley de Mecenazgo ya en estudio tiene una importancia extraordinaria, pues las desgravaciones fiscales que supondrían nos harían aproximarnos a la realidad de Estados Unidos, Alemania o Francia. De la desgravación actual sobre la base del impuesto del 35% para las personas físicas o del 25% en las personas jurídicas, pasaríamos al doble, un aproximado 60%. No es el 100% de Estados Unidos, pero ya es algo. La propuesta de CiU también es un paso muy interesante en este sentido: que las contribuciones individuales de menos de 150 euros queden exentas al 100% en el IRPF.

Si además de esta Ley el Estado se atreviera a dejar a sus ciudadanos elegir dónde ayudar y cómo… otro paso de gigantes se daría. Siempre me he preguntado el motivo para que se subvencione por el Estado temas que ellos deciden como de interés general, o que favorezcan con ayudas al futbol que paga escandalosos sueldos, o a organizaciones de los propios partidos. Dejemos que los ciudadanos decidan.

El riesgo es que los dirigentes políticos vean en estos movimientos un modo de lavarse las manos y olviden que es su sacrosanto deber cuidar de los más necesitados… cosa que lamentablemente suelen dejar de hacer, o llegan con un año de retraso.