Nos encontramos ante una clara dejación de funciones de los órganos administrativos y del Gobierno, en especial Ministerio de Hacienda, en el tema de las fundaciones dependientes de los partidos políticos. Casos como el de Fundescam deberían empujar a tomar decisiones… Pero me temo que todo seguirá igual, haciendo cada vez más daño al sector fundacional.

¿Cómo es posible que a cualquier simple ciudadano que quiere hacer algo por los demás, mediante el ejercicio del derecho constitucional de fundar, encuentre obstáculos y trabas, peticiones de informes económicos que garanticen las actividades futuras, control ante hacienda de los donativos recibidos a partir de los 100 euros… Mientras los partidos políticos puedan crear fundaciones sin problemas y hacer lo que les da la gana sin control previo de nada y sin publicitar quién les hace los donativos?

Si Hacienda conoce hasta los donativos a una fundación privada por 150 euros de un ciudadano normal, ¿cómo no conoce el donativo de una empresa que además debería ser público, transparente, pues llega a una fundación que recibe fondos públicos?

¿Cómo es posible que a cualquier fundación se nos esté imponiendo la transparencia más absoluta y tantos políticos hagan de su fundación su sayo particular para recibir de quienes piden algo a cambio? ¿Por qué quienes donan al partido a través de su fundación no coinciden con quién financia proyectos sociales?

¿Cómo es posible que el Protectorado exija bajo amenazas de todo tipo a las fundaciones que han de terminar de dotarlas… y el propio Ministerio de Justicia tenga una fundación sin terminar de dotar desde hace años y años?

No llegan a 20 las fundaciones dependientes de partidos políticos, algunas más las dependientes de la propia administración: no son nada ante el sector fundacional español constituido por 8.950 fundaciones activas que dedica más de 8.000 millones de euros a proyectos de interés general y que acumula activos de 21.469 millones de euros.

En las fundaciones españolas, el origen de los recursos es mayoritariamente privado: más del 80% procede de los legados, donaciones privadas y actividades de tipo económico, mientras que tan solo un 15% proviene de las administraciones públicas.

En lugar de poner tantas trabas a los ciudadanos que donan libremente sus fondos sin pedir nada a cambio (una mísera deducción fiscal en todo caso) bien harían en vigilar estas pseudofundaciones donde los fondos no son privados o bien son a cambio de alguna concesión, como se entiende claramente en el sentir común de toda persona.

Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento de las fundaciones, o tienes una actividad de interés general que pueda constituirse en fundación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono 660 392 192 o el correo electrónico info@abogadodefundaciones.com, y te daremos respuesta inmediata.