La distinta normativa sobre las fundaciones, desde la Constitución de 1978, ha intentado simplificar y racionalizar las normas. Ya la exposición de motivos de la ley de fundaciones de 1994 hablaba de maraña normativa, de laberinto.

La Constitución especifica que las fundaciones solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. No cabe desde entonces establecer un régimen jurídico que las someta estrictamente a un control administrativo.

De hecho, la Ley de Fundaciones de 2002 se propuso como uno de los objetivos básicos, explícitamente en la exposición de motivos, la reducción de “la intervención de los poderes públicos en el funcionamiento de las fundaciones”. Y de hecho toda la ley rezuma un aire de libertad, de no intervención. Y en los casos legales donde se habla de la intervención del protectorado para nombrar sustitutos de patronos… se escribe claramente que se puede, no se obliga.

Pues después de todo, es curioso comprobar que las materias de fundaciones son de las que con más entusiasmo se han regulado por las comunidades autónomas (ver Fundaciones: legislación y tipos)  y se ha llegado al extremo de tener, por ahora, hasta 24 Protectorados. Y algunas de las comunidades autónomas con varios protectorados.

En mi actividad profesional, a la hora de constituir nuevas fundaciones suele surgir la duda sobre la conveniencia o no de establecerlas de ámbito nacional, no regional. A parte de las fundaciones que por su propia actividad ya lo tienen claro, ante la duda mi consejo es: de ámbito nacional. En buena parte para huir del excesivo, sin sentido ni base legal, control de algunas comunidades y también para escapar por otro lado del no raro intento de control político.

No es baladí que personas como Lluis Llac (http://www.lluisllach.cat/espanol/fundacion_estatutos.htm) hayan elegido constituirlas en Madrid.