Obligaciones de las fundaciones

La vida de una fundación no ha de ser complicada, administrativamente hablando, pero si es cierto que no es ni una asociación ni una sociedad, por lo que el desconocimiento puede complicarla mucho. La experiencia de asesorar a muchas fundaciones nos da un plus en la gestión de la fundación. Podemos hacerlo bien.

LEY DE TRANSPARENCIA

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relativo a la transparencia de la actividad pública, está destinada principalmente al sector público y a las fundaciones públicas, pero las privadas también se encuentran sujetas a las obligaciones de transparencia cuando concurra alguno de los siguientes requisitos:

– que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros;
– o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Estas fundaciones deberán publicar de forma periódica y actualizada en su página web, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados.

OTRA OBLIGACIÓN

La ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales provocó que las fundaciones tengan que disponer de ficheros con todos los registros de quienes les donan y a quienes ayudan. Datos que hay que conservar durante diez años y que implican respecto a la LOPD un nivel alto de seguridad.

Esto se lee en el Artículo 39  de la ley:  El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que les atribuye la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el personal con responsabilidades en la gestión de las fundaciones velarán para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o para canalizar fondos o recursos alas personas o entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.

A estos efectos, todas las fundaciones conservarán durante el plazo establecido en el artículo 25 registros con la identificación de todas las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la fundación, en los términos de los artículos 3 y 4 de esta Ley. Estos registros estarán a disposición del Protectorado, de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo, así como de los órganos administrativos o judiciales con competencias en el ámbito de la prevención o persecución del blanqueo de capitales o del terrorismo.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será asimismo de aplicación a las asociaciones, correspondiendo en tales casos al órgano de gobierno o asamblea general, a los miembros del órgano de representación que gestione los intereses de la asociación y al organismo encargado de verificar su constitución, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por el artículo 34 de la LO 1/2002, de 22 marzo, reguladora del Derecho de Asociación, cumplir con lo establecido el presente artículo.

Atendiendo a los riesgos a que se encuentre expuesto el sector, podrán extenderse reglamentariamente a las fundaciones y asociaciones las restantes obligaciones establecidas en la presente Ley.

Pues un paso más ha sido el RD 304/2014 de 5 mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BOE 5/5/14). Norma, qie en mi opinión es un elemento más de dispersión de normas, todo sigue enmarañándose, lo que tiende a la poca claridad y justicia. Mucho de lo que dice ahora el reglamento es de sentido común o bastaría la ley general para no tener que poner más trabas y burocracia. Realmente bastaría con que controlaran unas pocas fundaciones, especialmente las de los políticos y organismos públicos o similares, y dejaran tranquilas a las demás, el 99%.

Lo que más me ha sorprendido es que se vaya a buscar el “derecho de voto” como elemento para señalar al titular real. Me parece que el legislador desconoce que es una fundación, con todo el respeto. El Artículo 8, rizando el rizo, define que “Tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o controlen un 25% o más de los derechos de voto del Patronato, en el caso de una fundación, o del órgano de representación, en el de una asociación, teniendo en cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinación de la titularidad real.
Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan los criterios establecidos en el párrafo anterior, tendrán la consideración de titulares reales los miembros del Patronato y, en el caso de asociaciones, los miembros del órgano de representación o Junta Directiva“.  Es decir, que todos los patronos, lo son.

Y obligaciones, que en el fondo es actuar con sentido común y asesorarse bien antes de constituir patronatos, pero también convertirnos en investigadores de si son los patronos buenos y nada ocultan, pedir los 8 apellidos, identificar a todo el que nos aporte más de 100 euros (están locos estos romanos), guardar durante 10 años… Lean:

Artículo 42. Fundaciones y asociaciones.
1. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas las personas que reciban a título gratuito fondos o recursos. Cuando la naturaleza del proyecto o actividad haga inviable la identificación individualizada o cuando la actividad realizada conlleve un escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, se procederá a la identificación del colectivo de beneficiarios y de las contrapartes o colaboradores en dicho proyecto o actividad.
2. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas las personas que aporten a título gratuito fondos o recursos por importe igual o superior a 100 euros.
3. Sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y de las obligaciones que les resulten aplicables de acuerdo con su normativa específica, las fundaciones y asociaciones aplicarán las siguientes medidas:
a) Implementar procedimientos para garantizar la idoneidad de los miembros de los órganos de gobierno y de otros puestos de responsabilidad de la entidad.
b) Aplicar procedimientos para asegurar el conocimiento de sus contrapartes, incluyendo su adecuada trayectoria profesional y la honorabilidad de las personas responsables de su gestión.
c) Aplicar sistemas adecuados, en función del riesgo, de control de la efectiva ejecución de sus actividades y de la aplicación de los fondos conforme a lo previsto.
d) Conservar durante un plazo de diez años los documentos o registros que acrediten la aplicación de los fondos en los diferentes proyectos.
e) Informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de los hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
f) Colaborar con la Comisión y con sus órganos de apoyo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
4. Las Administraciones Públicas o sus organismos dependientes que otorguen subvenciones a asociaciones y fundaciones, así como los Protectorados y los organismos encargados de la verificación de la constitución de asociaciones mencionados en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión aquellas situaciones que detecten en el ejercicio de sus competencias y que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Dichos organismos informarán razonadamente a la Secretaría de la Comisión cuando detecten incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o de lo dispuesto en este artículo.

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