Muchas fundaciones con las que trabajamos acuden al despacho con dudas acerca de la necesidad que tienen de exponer sus cuentas, buscando posicionarse en rankings de transparencia elaborados por iniciativas privadas que poco tiene que ver con lo que solicita la ley.

Esos sellos de calidad para fundaciones que emiten “auditoras del saber hacer y del buen gobierno” exceden a lo que la ley exige en materia de transparencia, y son otorgados tras caros análisis. Los baremos con los que trabajan son a menudo arbitrarios y el resultado no deja de ser una maniobra publicitaria.

Las fundaciones corren el peligro de caer en esta espiral de miedo si no aparecen en estos rankings o, lo que es peor, sean catalogadas como entidades opacas o poco confiables. Se pone en riesgo su trabajo y viabilidad a futuro al cuestionar su transparencia y buen gobierno frente a posibles donantes, voluntarios, colaboradores o patrocinadores. Ante esta tesitura, muchas fundaciones pasan por el aro y acceden a pagar para conseguir su sello de transparencia.

Tras trabajar con centenares de fundaciones, esos sellos de transparencia ejercen en mi el efecto contrario al buscado: me generan desconfianza porque conozco los requisitos que hacen falta para ser entregados, y conozco a decenas de fundaciones que jamás aparecerán en esos rankings pese a su fantástico trabajo, sólo porque no han pagado para ello.

Para mi es tranquilizador comprobar como iniciativas con miles de donantes diarios no han necesitado aparecer en esas clasificaciones de transparencia para conseguir sus objetivos, a la vez que me llena de tristeza ver que son entidades privadas -no el estado ni una agencia independiente- las que marcan los estándares de lo que es o no es transparente en materia de actividad fundacional.

La confianza no se otorga, se gana con el trabajo bien hecho. Obligar a una fundación a excederse en su declaración de actividad o en sus cuentas es justo lo contrario a confiar en ella.

En nuestro sector, la Ley de Transparencia afecta realmente a muy pocas fundaciones; no llega al 10% del total de las fundaciones:

Cuando se cumpla alguno de los requisitos que enuncia el artículo 3 de la Ley, es decir que las subvenciones públicas percibidas por dicha entidad superen los 100.000 euros al año o que los ingresos públicos representen al menos un 40% de sus ingresos anuales de la entidad siempre que alcancen los 5.000 euros.

En el resto de los casos no hay obligación de publicitar, a pesar de esas “fundaciones” que se han constituido como “agencias” del control y de la censura. Para las cuales solo la ceoe de las fundaciones son buenas. Transparencia es desconfianza. Curioso.

Desde nuestro despacho y desde la Asociación Pymef te podemos ayudar a cumplir cuando sea obligatorio o necesario, porque tu lo quieras.

Me gustaría que compartieseis vuestra opinión al respecto de este tema. Podemos charlar en los comentarios de esta entrada, en mi perfil de facebook o en mi perfil de linkedin.