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La justicia europea avala que la administración pueda concertar con fundaciones, excluyendo a sociedades mercantiles

El TJUE ha resuelto que no es contrario a la normativa comunitaria que, para la prestación de servicios sociales de asistencia a las personas, la administración llegue a acuerdos de acción concertada con fundaciones, excluyendo de la licitación a entidades con ánimo de lucro.

La Sentencia de 14 julio 2022, Asunto C-436/20 (14/07/22) Ref.- UE130, de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, en el marco del recurso interpuesto por la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) frente al Decreto 181/2017, de 17 noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana por entidades de iniciativa social.

ASADE alegaba que la citada normativa excluye a las entidades con ánimo de lucro de la posibilidad de prestar determinados servicios sociales de asistencia a las personas en el marco de una acción concertada, mientras permite a cualquier entidad sin ánimo de lucro prestar tales servicios a cambio de una retribución sin tener que pasar por un proceso competitivo transparente que garantice la igualdad de trato entre los operadores económicos interesados.

En este contexto, el TSJ de la Comunidad Valenciana plantea dos cuestiones prejudiciales ante el TJUE, que concluye en citada Sentencia de 14 de julio que los artículos 76 y 77 de la Directiva 2014/24/UE no se oponen a que una normativa nacional reserve a entidades privadas sin ánimo de lucro la facultad de celebrar, previo examen competitivo de sus ofertas, acuerdos en virtud de los cuales presten servicios sociales de asistencia a las personas a cambio del reembolso de los costes que soportan, sea cual fuere el valor estimado de esos servicios, aunque dichas entidades no cumplan los requisitos establecidos en dicho artículo 77, siempre y cuando:

  • El marco legal y convencional en el que se desarrolla la actividad de esas entidades contribuya efectivamente a la finalidad social y a la consecución de los objetivos de solidaridad y de eficiencia presupuestaria que sustentan esa normativa; y
  • Se respete el principio de transparencia, tal como se precisa en el artículo 75 de la Directiva.

El Tribunal se detiene en su sentencia en analizar las exigencias derivadas de la Directiva 2014/24 sobre contratación pública en cuanto a la reserva de contratos de servicios sociales, culturales y de salud a entidades sin ánimo de lucro.

El TJUE señala que, el artículo 77,2, de la Directiva 2014/24/UE, precisa las condiciones estrictas en las que un operador económico puede ser considerado «organización», en el sentido de dicho artículo. Así, se exige que tal operador económico (i) tenga como objetivo realizar una misión de servicio público vinculada a la prestación de los servicios sociales o especiales contemplados en el referido artículo, (ii) que los beneficios de dicho operador económico se reinviertan con el fin de alcanzar tal objetivo y (iii) que, cuando esos beneficios se distribuyen o redistribuyen, esa operación se base en consideraciones de participación. Además, las estructuras de dirección o propiedad del operador económico deben basarse en la propiedad de los empleados o en principios de participación o exigir la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas.

Respecto al artículo 76 que impone respetar los principios de transparencia y de igualdad de trato de los operadores económicos, el Tribunal recuerda que un Estado miembro puede, en el marco de la competencia que conserva para ordenar su sistema de seguridad social, considerar que un sistema de asistencia social implica necesariamente, para alcanzar su objetivo, que la admisión de operadores privados en ese sistema en calidad de prestadores de servicios de asistencia social esté supeditada al requisito de que no persigan ningún fin lucrativo (sentencias de 17 junio 1997, Sodemare y otros, C‑70/95, EU:C:1997:301, apartado 32, y de 11 diciembre 2014, Azienda sanitaria locale 5 «Spezzino» y otros, C‑113/13, EU:C:2014:2440, apartado 58).

En el caso de autos, de la normativa nacional controvertida en el litigio principal y de las respuestas a las preguntas planteadas por el Tribunal se desprende que los acuerdos de acción concertada previstos por dicha normativa deben ser conformes, en particular, con los principios de solidaridad y de eficiencia presupuestaria. Por una parte, los servicios sociales de asistencia a las personas que pueden ser objeto de tales acuerdos deben ofrecerse a todos, en principio, de forma gratuita, y el importe de la eventual tasa que se pueda percibir con carácter complementario de los usuarios depende de su capacidad financiera. Por otra parte, las entidades privadas sin ánimo de lucro afectadas por dichos acuerdos solo pueden obtener el reembolso de los costes variables, fijos y permanentes soportados para prestar los servicios sociales de asistencia a las personas que son objeto de esos mismos acuerdos, quedando expresamente excluida la obtención de un beneficio mercantil.

Así pues, el recurso exclusivo a las entidades privadas sin ánimo de lucro para garantizar la prestación de tales servicios sociales puede estar motivado tanto por los principios de universalidad y de solidaridad, propios de un sistema de asistencia social, como por razones de eficiencia económica y de adecuación, toda vez que permite que esos servicios de interés general sean prestados en condiciones de equilibrio económico en el orden presupuestario, por entidades constituidas esencialmente para servir al interés general y cuyas decisiones no se guían, como señala el Gobierno español, por consideraciones puramente comerciales (véase, por analogía, la sentencia de 28 enero 2016, CASTA y otros, C‑50/14, EU:C:2016:56, apartado 57).

Cuando está motivada por tales consideraciones, la exclusión de las entidades privadas con ánimo de lucro de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos que tienen por objeto la prestación de tales servicios sociales no es contraria al principio de igualdad, siempre y cuando dicha exclusión contribuya efectivamente a la finalidad social y a la consecución de los objetivos de solidaridad y de eficiencia presupuestaria que sustentan ese sistema (véanse, por analogía, las sentencias de 11 de diciembre de 2014, Azienda sanitaria locale 5 «Spezzino» y otros, C‑113/13, EU:C:2014:2440, apartado 60, y de 28 enero 2016, CASTA y otros, C‑50/14, EU:C:2016:56, apartado 63).

De todo ello, en la sentencia el TJUE concluye que el principio de igualdad de trato de los operadores económicos, tal como se consagra actualmente en el artículo 76 de la Directiva 2014/24/UE, autoriza a los Estados miembros a reservar el derecho a participar en el procedimiento de adjudicación de los contratos públicos de servicios sociales de asistencia a las personas a las entidades privadas sin ánimo de lucro, incluidas las que no son estrictamente entidades de voluntariado, siempre que, por una parte, los eventuales beneficios que se deriven de la ejecución de dichos contratos sean reinvertidos por dichas entidades con el fin de alcanzar el objetivo social de interés general que persiguen y, por otra parte, se cumplan todos los requisitos recordados en los apartados 90 y 91 de la presente sentencia.

Lee aquí la sentencia completa.

 

Ver también: Motivos para crear una fundación